28 julio 2009

Los alcaldes de EAJ-PNV pedirán la convocatoria de las Comisiones Locales de Seguridad para analizar la retirada de imágenes y carteles

Los alcaldes de EAJ-PNV convocarán a las Comisiones Locales de Coordinación, órganos ya regulados que reúnen a los Ayuntamientos de una comarca con los responsables de la Ertzaintza en cada territorio, para abordar la cuestión de la retirada de imágenes y símbolos. Está iniciativa está prevista en la en la Ley de Policía y en sus desarrollos.

La convocatoria de estas Comisiones de Coordinación corresponde a los Alcaldes y, EAJ-PNV va a realizar estas convocatorias de manera inmediata para abordar la búsqueda de soluciones y de medidas eficaces. En este foro legalmente establecido, se analizará la problemática real en cada municipio. Y es en él, en donde se deben adoptar las medidas más eficaces para la retirada de imágenes que permanezcan en nuestras calles y resulten ofensivas o, incluso, puedan constituir delitos previstos en el Código Penal.

EAJ-PNV asume esta iniciativa ante la falta de acción del Gobierno de López. El Gobierno de López carece de iniciativas o cuando presenta alguna carece de contenido real y sólo quedan en palabras y titulares.

Eso es lo que está pasando con la cuestión planteada de la retirada de fotos y carteles de presos de ETA en los pueblos y ciudades vascas. Sólo ha provocado el debate en un tema que requiere especialmente la mayor cooperación y consenso entre las fuerzas políticas.

Por ahora sólo ha dirigido requerimientos a Alcaldes que, en muchos casos, llevan años realizando esta labor y preocupándose por la convivencia democrática en sus pueblos. Algunos Alcaldes se han visto en la obligación de corregir las manifestaciones del Gobierno de López. Lo que debía ser una iniciativa contra quienes atentan contra la libertad de nuestra sociedad, corre el riesgo de convertirse en una estéril polémica.

El primer error del Gobierno de López ha sido plantear esta cuestión de forma partidista, sin trabajarla previamente entre los representantes institucionales que tienen que participar necesariamente en su ejecución, enfrentando a instituciones locales con el Gobierno y diseñándola de manera uniforme, sin distinguir las circunstancias diferentes que concurren entre ciudades y pueblos de diversa población, con distintos medios y recursos, con muy diferentes fuerzas de seguridad local y, digámoslo también, con distinta presión violenta.

No basta con hacer un titular. Hay que tratar de estudiar cada caso, cada pueblo, cada ciudad, para buscar la forma mejor, más eficaz y más rápida de ejecutar unas medidas que requieren el honor y la dignidad de las víctimas del terrorismo.